SALISBURY, Maryland. - Bancas vacías en iglesias, actividades canceladas y familias que evitan salir de casa forman parte del nuevo panorama en Salisbury, donde la comunidad haitiana representa aproximadamente una décima parte de la población.

El cambio se produjo después de que el Gobierno del presidente Donald Trump pusiera fin al Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, para los ciudadanos de Haití. Cerca de 350,000 personas en todo Estados Unidos quedan ahora expuestas a perder la autorización que les permitía vivir y trabajar legalmente en el país, según cifras citadas por The Associated Press.

El TPS para Haití fue establecido tras el devastador terremoto de 2010. Desde entonces, fue extendido en distintas ocasiones debido a la inseguridad, la inestabilidad política y las emergencias humanitarias que han golpeado al país caribeño. Durante ese tiempo, muchos beneficiarios echaron raíces, formaron familias y se incorporaron a sectores como la agricultura, la construcción, los servicios y las plantas procesadoras de alimentos.

Líderes religiosos y defensores comunitarios aseguran que el temor a encuentros con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha alterado la vida cotidiana. Se han reportado citaciones, detenciones y monitores electrónicos en algunos casos. La incertidumbre también alcanza a hijos ciudadanos, empleadores, congregaciones y negocios locales.

La decisión ocurre mientras Haití continúa bajo el control de pandillas en amplias zonas, con desplazamientos internos, pobreza y dificultades para acceder a servicios básicos. Quienes se oponen a la terminación argumentan que obligar a regresar a personas en esas condiciones puede ponerlas en peligro. La administración sostiene, por su parte, que las protecciones temporales no deben convertirse en una residencia indefinida.

Qué significa para las familias

La terminación no produce el mismo resultado jurídico para todos. Algunas personas pueden tener solicitudes pendientes, otro estatus o vínculos familiares; otras podrían quedar sin autorización de empleo o expuestas a procedimientos de expulsión. Abogados y organizaciones acreditadas recomiendan revisar cada caso y desconfiar de soluciones garantizadas.

El impacto inmediato es humano: familias que deben decidir si continúan trabajando o participando en la vida pública. En Salisbury, el final del TPS alcanza los hogares, los lugares de culto y la economía local.

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